Audiencias - Año 2023 - Cristian Andrade - Audiencia AO001AW1317481

Información General

Asistentes

Nombre completo	Calidad	Trabaja para	Representa a
Karin Gutiérrez	Gestor de intereses		KARIN GUTIÉRREZ

Materias tratadas

Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Especificación materia tratada

Señora Ximena Aguilera Ministra de salud Presente: Señora ministra: Me dirijo a usted para solicitar respetuosamente su intervención para subsanar un acto arbitrario e injusto que me ha ocurrido, en el que, tanto la justicia como las instancias administrativas no han estado a la altura, a pesar de los antecedentes puestos a disposición que prueban suficientemente los hechos denunciados. Una vez habiendo egresado de la carrera de Medicina, me fijé la meta de lograr los méritos suficientes para obtener el derecho a cursar mi especialidad. Es así como me incorporé al Sistema de Salud Municipal, donde me desempeñé en varios CESFAM, llegando a ocupar algunas jefaturas y poniendo todo de mi parte para aportar en otorgar el mejor servicio a la comunidad. Finalmente, logré el puntaje necesario para postular a la especialidad de Neurología en la Universidad Mayor con sede en Santiago. El año 2018, al poco tiempo de mi incorporación al programa y producto de mi buen rendimiento, se inició un hostigamiento sistemático de parte de compañeros de beca, principalmente con maniobras tendientes a dificultar mi trabajo en sala. Al poner en riesgo la vida de mis pacientes, decido dejar constancia de los hechos, luego de múltiples correos y notificaciones de lo que sucedía a mis profesores en donde solicitaba poner fin al acoso, estos decidieron no activar los protocolos, no hacer nada y peor aún, por denunciar los hechos, estos se unieron a la persecución, negándose a hacer docencia, negándose a supervisar mi gestión clínica dando solo las indicaciones por WhatsApp, obligándome incluso a evolucionar pacientes de neurocirugía (especialidad que yo no cursaba), asistir a dos hospitales en un mismo día y realizar casi el doble de turnos que el resto de los becados, los docentes llegaron al extremo de retener las fichas de mis pacientes obstaculizando mis presentaciones de casos clínicos dado las fichas estaban reservadas por los mismos docentes que me pedían hacer los informes, incluso el jefe de la especialidad a fin de mantenerme aislada y desinformada notificaba todas las gestiones del hospital a un correo electrónico que no era mío, negándose incluso a entregar mis notas, entre otros castigos. Finalmente, con suficientes pruebas, y asesorada por abogados del COLMED denunciamos por escrito al Servicio de Salud y al Rector de la universidad, el Servicio de Salud responde por escrito no poder intervenir (pese a que los docentes involucrados son todos funcionarios públicos) y la Universidad por su parte nunca responde, actuando en contra de su propio reglamento interno, es más, solo doce días después de mi denuncia al rector deciden suspenderme sin motivos ya que a esa fecha mi promedio de notas era 6.9. Todas las instituciones del estado a las cuales he acudido por ayuda no actúan, se declaran incompetentes o simplemente no fallan dejándome a la espera por años. (En el recurso de protección interpuesto no hubo fallo sobre el fondo del asunto por considerarlo no indubitado y la demanda civil en curso se encuentra prácticamente detenida) También interpuse un reclamo y posterior denuncia en la Superintendencia de Educación Superior, entidad que ha dilatado mi caso por más de tres años, solicitando una y otra vez documentos que ya han sido entregados. Finalmente, nos vimos obligadas a denunciar ante la contraloría, logrando que finalmente el superintendente subrogante Sr. Gerardo Egaña formulara cargos a la universidad, sin embargo, esta entidad no se pronunció respecto a las represalias que adoptó la universidad en el transcurso del sumario que ha durado tres años y cuya dilación sirvió para que la universidad incurriera en nuevas infracciones gravísimas para frustrar la labor fiscalizadora. Entre ellas, la adulteración del mi boletín histórico de notas agregando notas reprobatorias mientras me encontraba suspendida, para fundar suspensión y el acompañamiento de pruebas impertinentes como lo es entregar la asistencia de un hospital en el cual yo no estaba pasando a fin de hacer creer a la superintendencia que presentaba inasistencias injustificadas. (dentro del proceso investigativo finalmente la universidad reconoció que no existen tales inasistencias injustificadas) Mientras la superintendencia de educación superior investigaba los hechos, la universidad sin nuevos antecedentes que lo justificara, y haciendo caso omiso a la ley que prohíbe represalias en contra de las denunciantes, procedió a cambiar la medida de suspensión por eliminación. Para colmo, continuando con los actos ilegales procede a notificar mi supuesta eliminación a un mail que no es mío. Ahora la nueva superintendencia a cargo del Sr. Salazar en forma extraoficial, reconoce que existió una dilación excesiva en la investigación a tal punto que los delitos están prescritos, además de reconocer que no se formularon cargos adecuadamente. Por otra parte, luego de años de espera, esperanzada en alguna vez terminar mi especialidad, me informan que la superintendencia sólo puede aplicar multas, no puede ejercer funciones reparatorias, es decir no tiene la potestad de devolver al alumno su cupo universitario arrebatado. Como usted verá, existe una grave vulneración a las víctimas de violencia en educación superior, se nos revictimiza al ser sometidas a sumarios extensos (3 años) sin poder retomar nuestros estudios, en donde no somos escuchadas, y se nos cuestiona a toda costa la veracidad de las denuncias de acoso, pese a existir como en mi caso, más de 100 piezas de pruebas digitales, un certificado psiquiátrico y un peritaje forense que confirman mi denuncia. Tampoco hay un plan de protección real a las víctimas denunciantes que acuden a la superintendencia, que en vez de obtener ayuda terminan siendo eliminadas de la universidad. Actualmente me apoyan la fundación Heloicas, la Sra. Claudia salgado, impulsora de Ley Karin sobre tolerancia cero al acoso laboral y la perito internacional Silvana Giachero, quienes pueden dar fe de los hechos relatados. Es mi solicitud que usted intervenga para que se revisen los antecedentes en la superintendencia de educación superior, se formule la totalidad de los cargos, incluidas aquellas infracciones cometidas durante la labor fiscalizadora, se anulen la totalidad de las calificaciones realizadas con posterioridad a mi suspensión, así también espero se me otorgue la oportunidad de continuar mi especialidad en otra universidad a fin de lograr cumplir mis sueños de ejercer como especialista en el sistema público de salud.