Audiencias - Año 2020 - Mauricio Irarrazabal - Audiencia AJ011AW0866270

Información General

Asistentes

Nombre completo	Calidad	Trabaja para	Representa a
Rodrigo Vega	Gestor de intereses		Agrupación de Entidades Educacionales del Norte, Calama
Camila Velasquez	Gestor de intereses		ESCUELA DE PARVULOS LA CASITA DE CHOCOLATE
ANGELICA VARAS VEGA	Gestor de intereses		Escuela de Párvulos La Casita de Chocolate
Iván Adaos	Gestor de intereses		FUNDACION EDUCACIONAL SANTA CECILIA
LISETTE LABARCA BAHAMONDEZ	Gestor de intereses		FUNDACION EDUCACIONAL SANTA CECILIA
JUAN ALBERTO VEGA ESPINOZA	Gestor de intereses		FUNDACION EDUCACIONAL CRISTIANA MONTESSORI
MARIA TERESA CARVAJAL PARRA	Gestor de intereses		FUNDACION EDUCACIONAL CRISTIANA MONTESSORI
JEANETTE AGUILERA ITURRIETA	Gestor de intereses		SOCIEDAD EDUCACIONAL SA
PEDRO PABLO ALVARADO TAPIA	Gestor de intereses		FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO RIO LOA
JORGE LEONCIO ALVARADO ZEPEDA	Gestor de intereses		Fundación Educacional Colegio Río Loa
SOFÍA MAMANI QUISPE	Gestor de intereses		FUNDACION EDUCACIONAL SENDERO DE LUZ
NANCY FLORES VIZCARRA	Gestor de intereses		Corporación Educacional king Lions School
BETTY CAMPOS MORALES	Gestor de intereses		Escuela de Párvulos Saint Patrick’s School
ROSSANA FRITIS CHÁVEZ	Gestor de intereses		Corporación Educacional Mis Hijos
PATRICIA TRONCOSO BUGUEÑO	Gestor de intereses		Soc Educ San Ignacio Cia Ltda
SOLANGE PÉREZ SALVATIERRA	Gestor de intereses		Fundación educacional Padre Alberto Hurtado
ALBERTO SÁNCHEZ ÓRDENES	Gestor de intereses		Fundación educacional Padre Alberto Hurtado
ALEJANDRA ZAMORA MONTALBA	Gestor de intereses		Fundación Educacional Obispo Luis Silva lezaeta
OSVALDO CARIAGA SEGOVIA	Gestor de intereses		Fundación educacional Juan Pablo II
OSCAR BLANCO MARTINEZ	Gestor de intereses		Fundación Educacional Obispo Luis Silva lezaeta
Angel Olmos	Gestor de intereses		Fundación Educacional Obispo Luis Silva lezaeta

Materias tratadas

Elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdo, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros incluídas comisiones.

Especificación materia tratada

Respecto de aquellos apoderados que a la finalización del presente año escolar, registren el no pago de una o varias mensualidades, pactadas en el respectivo contrato de prestación de servicios educacionales y a cuyo respecto el establecimiento educacional les ha solicitado en diversas oportunidades que regularicen dicha morosidad, sin que lo hayan efectuado, se podrá proceder a la no renovación del contrato para el siguiente año escolar, sin que aquello sea considerado por vuestra repartición como un acto ilegal, entendiéndolo por el respecto fiscalizador como una medida disciplinaria. Cabe agregar a esta consulta, que en los contratos de prestación de servicios educacionales, se ha pactado por las partes, la obligación de pagar en tiempo y forma por los apoderados y en caso de incumplimiento de aquella obligación, se considera expresamente que se faculta al establecimiento educacional para no renovar el contrato para el siguiente periodo, en este caso, estimamos que la no renovación se produciría con ocasión de un incumplimiento contractual y de manera alguna podría considerarse a la no renovación como consecuencia de una medida disciplinaria por alguna falta al Manual de Convivencia y Reglamento Interno del estudiante y/o su apoderado. Nos resulta absolutamente necesario, contar con una repuesta expresa y especifica de vuestra autoridad, ya que la obligación de pagar la mensualidad es una obligación que permite la Ley y que además es informada al apoderado, quien conoce el tenor y extensión de la misma al suscribir anualmente el respectivo contrato, por ello si se considerara que el incumplimiento a esta obligación trae consigo una vez ya finalizado el año escolar, el impedimento al establecimiento educacional para no renovar el contrato el año siguiente, implicaría que la morosidad se instalaría casi como un derecho y las obligaciones económicas integradas a los contratos, respecto de los apoderados serían letra muerta, afectándose además el principio de igualdad, pues respecto de los sostenedores se exigiría el cumplimiento total de estas obligaciones, lo que no se haría respecto de la otra parte de los contratos.