En el marco de nuestra atención y orientación a víctimas de abuso sexual infantil, nos hemos encontrado con un gran número de madres que son sistemáticamente maltratadas por el sistema judicial proteccional de niños, niñas y adolescentes, que frente a las pruebas de diagnóstico que dan cuenta de vulneraciones en la esfera de la sexualidad y daño con la figura del progenitor, fallan en el sentido de hacer primar la revinculación con el padre, basados en que no existe condena penal -la que falta porque los niños aún son demasiado pequeños para dar un relato suficiente para alcanzar los estándares que requiere la condena criminal-. Estas decisiones creemos, muchas veces se ven influenciadas por prejuicios de género, que se manifiestan en un trato que soslaya la voz de la mujer y muchas veces termina por tornarse hacia el cuestionamiento de la sanidad mental de las madres.
Ante esta realidad, nos gustaría conversar con la señora ministra sobre la existencia de planes que se dirijan hacia la adopción de políticas públicas tendientes a la atención de estas mujeres y sus hijos y la factibilidad de que el Estado -a través de la subsecretaría correspondiente-, ponga al servicio de tales personas, abogados que puedan representarlas a ellas y a los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos.
Asimismo, contando la Fundación con experiencia y profesionales del área psicosocial que conocen a fondo la fenomenología del abuso sexual y como ésta se manifiesta, nos gustaría discutir la posibilidad de compartir instancias de formación y transferencia de conocimiento en torno a esta temática con el ministerio y los órganos de su dependencia.
Con este objeto, quisiéramos explorar la posibilidad de firmar un convenio de colaboración y derivación de casos con la entidad correspondiente, a cargo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. |
