| Mi formación profesional y las adversidades personales que enfrenté en 2021 me llevaron a sostener reuniones con varias comunas y departamentos de obras públicas y patentes. A lo largo de estos encuentros, se hizo evidente la falta de un protocolo efectivo para garantizar el cumplimiento de la ley de acceso universal. La accesibilidad es tratada como un aspecto opcional en la práctica, otorgándose licencias definitivas a locales que no cuentan con instalaciones adecuadas, como baños adaptados o accesos para sillas de ruedas. Además, la fiscalización se lleva a cabo solo cuando se presentan reclamaciones, perpetuando un ciclo de negligencia y exclusión. Esta indiferencia institucional es tan absurda y desalentadora que muchas personas con discapacidad optan por evitar la confrontación y el desgaste emocional que implica luchar por sus derechos básicos, temas que como ministerio de urbanismo y según lo indicado por las distintas direcciones de obras publicas son los que pueden dar respuesta en este caso. |
