Audiencias - Año 2021 - Carlos Guzmán - Audiencia AM002AW0998932

Información General

Asistentes

Nombre completo	Calidad	Trabaja para	Representa a
Carlos Piaggio	Gestor de intereses	CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G.	Cámara Chilena de la Construcción
Sergio Quilodrán	Gestor de intereses		Cámara Chilena de la Construcción
Angélica Mella	Gestor de intereses		Cámara Chilena de la Construcción
Cristobal Paul Perez	Gestor de intereses		Cámara Chilena de la Construcción
Raúl Irarrázabal
Martín Urrutia

Materias tratadas

Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Especificación materia tratada

1. Actuación de Inspectores Fiscales • Los inspectores fiscales desconocen y/o no asumen el compromiso y/o el desafío de aplicar lo dispuesto por la DGOP en los ordinarios COVID. Lineamientos respecto a; facilidades para contratistas por ausencia de profesionales, flexibilidad en los avances considerando una justificada escasez de materiales o mano de obra, entrega de anticipos, pólizas para fiel cumplimiento y/o retenciones en lugar de boletas de garantía, participación de subcontratistas, pues son un activo clave para compensar los impactos negativos de la pandemia. • No existe una preferencia y/o estilo de trabajo que lo lleve a formalizar los acuerdos, evitando generalmente utilizar los oficios, libro de obra, dictámenes. Si bien existe un pronunciamiento de la CGR respecto del Libro de Obra Digital (LOD), se debería utilizar en paralelo con el físico. Normalmente no lo utilizan y solo se actualiza de manera esporádica. Es más, nunca se ha permitido el ingreso al LOD a la gerencia de la empresa y se solicita a los profesionales de obra solo subir lo relativo a informes. • En ocasiones las exigencias para la empresa por parte de la inspección son excesivas y se escapan de lo que se encuentra estipulado en la normativa. En este escenario COVID y permanentemente, el Estado de Chile debe impulsar con más convicción; La participación del Inspector Fiscal para que se posicione como un agente perteneciente a la obra, y no como un simple fiscalizador que solicita información para cumplir con sus informes, “cuidándose” principalmente de no ser auditado por la contraloría. • Complementariamente, el mandante debe asegurarse que sus inspectores fiscales, mejoren su conocimiento técnico pues de lo contrario producen retrasos por la falta de competencias y seguridad en la toma de decisiones, existe una amenaza constante con pasar multas por causas indebidas y/o no pertinentes. En este sentido, las inspecciones deberían someterse anualmente a pruebas técnicas y psicológicas para evaluar sus aptitudes, considerando que su rol es fundamental para el desarrollo de la infraestructura del país. • No existe el concepto de mejoramiento continuo en el capital humano del Mop, por lo menos en regiones; Proyect, Macro Excel, Bim, Revit, y hasta Word, son herramientas que hoy deben estar en primera base y no lo están, produciéndose una asimetría técnica respecto de profesionales administradores, residentes y oficinas técnicas. • Tema no menor son los recursos que ponen a disposición los mandantes a través de los convenios mandatos, en lo que dice relación con los ITOs, cuestión que aún no se establece como una política transversal en la ejecución de proyectos. En esta materia importante también señalar, que se hace indispensable acelerar la tramitación del reglamento que le corresponde a la ley de ITOs, por años promulgada. 2. Gestión contractual • Los plazos de respuestas a cartas enviadas no cumplen con la ley que regulan los procedimientos administrativos, y en algunas ocasiones se han tenido que esperar hasta 8 meses para que se emita un pronunciamiento. • Se insiste con obligar a renunciar a indemnizaciones, aun cuando existen ordinarios de la DGOP que indican lo contrario, en este sentido, se realizan acciones que pueden ser consideradas por el contratista como una “amenaza”, asumiéndose que es un empresario que debe resolver todo pues firmó un contrato, pero olvidándose que hay una pandemia que no es controlada por el empresario y que “dañar” al contratista por la falta de empatía técnica, también implica un daño directo a las miles de familias que dependen del trabajo que realizan en la obra. • En licitaciones reguladas por la RES. 258, se incorporan aspectos administrativos en las especificaciones técnicas, provocando que el contratista tenga que asumir más de lo debido desde una perspectiva de la equidad, sin dañar los intereses del mandante, pero sin que ello implique perjudicar unilateralmente la sostenibilidad del contratista. Además, los proyectos licitados carecen de cumplimiento normativo, tanto que, generalmente, cuando son adjudicados vienen con toma de razón con alcance por parte de Contraloría, asignando toda la responsabilidad al contratista de subsanar las observaciones y quitando la responsabilidad de la unidad técnica en la licitación de un proyecto con errores relevantes implícitos. • Para las licitaciones del Decreto 108, ocurren situaciones similares, en este caso todo se busca resolver con la carta compromiso, donde incluyen compromisos que no se encuentran en la oferta y que provocan grandes desequilibrios entre los oferentes. • Se debe mejorar significativamente la coordinación en la revisión de los antecedentes cuando surge una modificación de contrato, provocando que ésta se retrase en exceso y altere el correcto desarrollo de la obra. • En cuanto a los fiscales regionales, sus argumentos carecen de sustentos técnicos (certeza jurídica en base a jurisprudencia, dictámenes, etc.) y emiten pronunciamientos proporcionando única y/o principalmente su opinión sobre un aspecto que puede llegar a ser fundamental para el correcto desarrollo de un contrato. Es imprescindible que se les mejore sus entrenamientos, pues en el actual y futuro escenario (6 a 12 meses) la carga de trabajo se irá incrementando y en ese período muchas empresas podrían ser perjudicadas en su sostenibilidad económica-financiera y como consecuencia, existirán menos oferentes en las licitaciones públicas. • Considerando que el alza en algunos materiales supera el 30% y que en el DS75 MOP se expone la posibilidad de generar un reajuste, polinómico u de otro tipo, se deberían verificar las posibilidades de generar licitaciones que incluyan el reajuste, tal y como lo realiza el MINVU a causa de la Pandemia en su RES. 727. • Respecto del Ord. DGOP. N°383, donde se expresa que se debe considerar otorgar anticipos en los contratos de obras públicas, no existe un compromiso de las entidades licitantes con incluir lo dispuesto en dicho ordinario. • Para los contratos financiados mediante FNDR, durante los meses de enero, febrero y marzo, los pagos tardan más de lo permitido en las bases administrativas generales. Por otra parte, respecto de los contratos financiados mediante fondos sectorial, se suele firmar un convenio entre el Ministerio que financia y quien actuará como mandante, que discrepa totalmente del convenio que luego firma el mandante con la Unidad Técnica, generando grandes problemas y serios retrasos en los pagos. Esto último, suele ocurrir con mayor frecuencia en los contratos regulados por el Decreto 108. • Respecto del Decreto 91, con la palabra "podrán" se deja abierto a que puedan o no incorporar en las bases administrativas la autorización de subcontratistas no inscritos en el registro. El decreto viene a solucionar un problema, pero si no lo incorporan en las bases administrativas, el problema persiste. • Respecto de la digitalización que impulsa el Ministerio, no existe mayor compromiso, ya que a la fecha se continua con los Estados de pago en 6 copias que son entregados a la Unidad técnica en hasta 3 carpetas dependiendo del contrato. Caso mas complejo se produce en la entrega de proyectos en papel en licitaciones reguladas por el DS108. 3. Factores que afectan a la Productividad Considerando los resultados de la Comisión Nacional de Productividad y Matrix Consulting: • En infraestructura pública, aproximadamente el 65% de la productividad es explicado por causas externas: regulación, institucionalidad y acciones del Estado. Un 35% es explicado por elementos gestionados internamente en el rubro. • El % promedio de subcontratación en obras de edificación es cercano al 36%. En países referentes es 70% y el contratista asume un rol de coordinación general de múltiples empresas especializadas. En obras mandatadas por el MOP, se limita el porcentaje de subcontratación a un 30%. • Una institucionalidad alineada y regulación eficiente, juegan un rol fundamental para proyectos con mandante público. En el 63% de los proyectos públicos en Chile, se generan controversias entre el mandante y el contratista. • Se debe lograr reducir las exigencias asociadas a los 10 años de experiencia de los administradores de contrato en las licitaciones MOP, esto limita la renovación de estos ejecutivos en empresas que deben reinventarse en un escenario de construcción 4.0 y 5.0