El día de ayer a las 12:00 horas me reunió con Carolina Figueroa –Presidenta- y Marco Lillo –director legal- de la Fundación Emilia, quienes presentaron sus inquietudes sobre siniestralidad vial.
Hicieron ver el fenómeno que está ocurriendo respecto a la importante litigiosidad, por vía de requerimientos de inaplicabilidad, en el Tribunal Constitucional respecto de algunos artículos incorporados al Ley de Tránsito por la Ley 20.770 (42% de las causas que son atendidas por la Fundación).
Por otra parte, plantearon algunas inquietudes fundamentalmente de tipo legislativas, en relación a la “seguridad vial”, que dicen relación con cubrir espacios que ahora no son punibles, en circunstancias que tendrían amplias repercusiones en las víctimas, producto del daño que provocan, eso es, la conducción temeraria –en relación a la conducción a alta velocidad- y la falta de sanción a los casos de conducción sin licencia (sólo es una falta administrativa), particularmente cuando ello es concomitante a un cuasidelito vial. Lo anterior es sin perjuicio de otros temas relacionados con tópicos que se estima no suficientemente abordados por la política pública en la materia, como, por ejemplo la cifra de las personas que quedan con resultados de lesiones graves o aquellos relativos con la prevención. |
